La Razón, 29-05-19
Una de las medidas más cuestionadas durante el último año de legislatura ha sido la implantación de la zona de acceso restringido de Madrid Central, 472 hectáreas que cierran el centro de la capital a los vehículos más contaminantes. La principal denuncia de los ciudadanos ha sido la desorganización que se ha producido durante su implantación y la falta de infraestructuras a la hora de implantar una medida de este calado. El 010, la línea de atención al ciudadano del Ayuntamiento pronto comenzó a colapsarse con preguntas básicas: ¿cuál será el perímetro? ¿por dónde podré circular? ¿cuándo empiezan las multas? ¿cómo puedo conseguir autorizaciones? Y así, un sinfín de dudas, ya que muchas de las cuestiones no se habían previsto por el Consistorio.
En este contexto es en el que nació la Plataforma de Afectados por Madrid Central que agrupa a vecinos y comerciantes que “siempre hemos buscado un acuerdo con el Gobierno para mejorar la implantación de esta medida porque creemos, de verdad, que existe una urgencia ambiental y que debe estar en la agenda política, pero las cosas deben hacerse bien”, asevera Vicente Pizcueta, portavoz de la Plataforma que insiste en que “lo que no se ha conseguido es impulsar el cambio de mentalidad necesario para abordar el problema del cambio climático”…
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